El ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto colaborará con la justicia mexicana para recibir penas reducidas; es buscado por el caso Odebrecht y por una adquisición a sobreprecios millonarios cuando dirigía Pemex


Diez días después de ser extraditado a México, Emilio Lozoya, el ex director de Pemex (Petróleos Mexicanos) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), acusado de varios delitos, incluidos corrupción y lavado de dinero, tendrá su primera audiencia antes las autoridades este miércoles.

Así lo confirmó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) este lunes. “Les informo que la audiencia será mañana a las 09:00 horas (tiempo del centro de México)”, aseguró este lunes una portavoz del órgano judicial, que no permitirá un evento público, citando la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero que transmitirá un minuto a minuto de la audiencia.

La audiencia de Lozoya de este martes está relacionada con la compra-venta de la empresa de fertilizantes Agro Nitrogenados, la cual adquirió Pemex cuando el ex funcionario dirigía a la empresa productiva del estado, a un sobreprecio millonario. Por esta acción, el gobierno lo acusa de daño al erario.

Luego, el miércoles a la misma hora, Lozoya comparecerá por el caso Odebrecht, la compañía brasileña que estructuró una de las tramas internacionales más grandes de todos los tiempos. En este caso, Lozoya es señalado por lavado de dinero y cohecho, ya que habría recibido dinero por parte de la compañía brasileña para financiar la campaña de Peña Nieto y para aprobar una reforma estructural en materia energética, así como para asegurarse la licitación de distintos proyectos en el país.

Sin embargo, Lozoya no deberá trasladarse al Reclusorio Norte, donde debería ser presentado ante los jueces de control correspondientes para cada caso, ya que la Fiscalía mexicana pidió este lunes que el ex funcionario comparezca a través de videoconferencia, por lo que no pisará en ningún momentos estas instalaciones.

Lozoya escapó del país a mediados de 2019. Sin embargo, en febrero de este año fue capturado en Marbella, España, después de que la Fiscalía mexicana pidiera que se girara una ficha roja de la Interpol. A pesar de que en un primer momento se negara a ser extraditado, acabó cediendo.

Esto, a cambio de beneficios jurídicos, por lo que se espera que entregue detalles a las autoridades mexicanas sobre posibles actos de corrupción durante el sexenio de Peña Nieto y también posiblemente de la administración de Felipe Calderón (2006-2012).

En las primeras filtraciones en la prensa mexicana, Lozoya habría revelado a las autoridades mexicanas que pagó sobornos por más de 52 millones de pesos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas del Pacto por México encabezadas por el PRI (Partido Revolucionario Institucional), entonces en el poder.

En ese entonces, Peña Nieto y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, eran los encargados de dirigir la estrategia política para que las reformas se concretaran. El dinero, de acuerdo con las declaraciones de Lozoya a las que tuvo acceso el diario Reformahabría provenido de Odebrecht.

La empresa brasileña, involucrada en una gigantesca trama para sobornar gobiernos y poner avanzar su propia agenda en distintos países latinoamericanos, también habría financiado una parte de la campaña presidencial del político mexiquense. Las afirmaciones de Lozoya, en caso de comprobarse, podrían provocar un huracán político en México.

Y es que los sobornos incluso habrían tocado a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial en 2018 con el PAN (Partido Acción Nacional). Entre 2013 y 2014, cuando se aprobaron las reformas estructurales, Anaya era presidente de la Cámara de Diputados. El político ha negado las acusaciones.

Pero la esperada audiencia, o audiencias, de Lozoya, no contarán con acceso público, ni siquiera para medios de comunicación y ni siquiera a través de videoconferencia, a pesar de que la ley indica que este tipo de eventos debe ser abierto al público.

Y es que desde marzo, el Consejo de la Judicatura, y en general el Poder Judicial, incluida la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, suspendieron la publicidad de los actos debido a las posibles afectaciones por la llegada de la pandemia de COVID-19 al país.

Sin embargo, la primera audiencia de Lozoya se ha retrasado más de una semana, debido a que, a su llegada al país, los doctores autorizados por las autoridades, tanto los oficiales como los que contrató la familia, encontraron que el ex funcionario sufría de anemia y otros malestares.

Por ello, Lozoya no ha pisado la cárcel desde su extradición a México ni lo hará pronto. En los últimos 10 días, el ex director de Pemex ha permanecido en un hospital privado, donde fue atendido desde su llegada al país el 17 de julio y en donde, de acuerdo con diarios locales, incluso fue intervenido quirúrgicamente.

Su llegada al país y su ubicación exacta provocaron incluso que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha festejado en repetidas ocasiones la extradición de Lozoya, no conociera con precisión de su paradero en las primeras horas de aquel viernes.

Para la colaboración de Lozoya, los expertos consideran que el mecanismo que se utilizaría es el del llamado “criterio de oportunidad”, estipulado en el artículo 256 del Código de Procedimientos Penales y en el artículo 21 de la Constitución mexicana.

El apartado V del artículo mencionado detalla que se aplicará este criterio “cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.

Esto quiere decir que Lozoya tendría que entregar no solamente dichos a las autoridades mexicanas, sino información que pueda ser utilizada efectivamente en los juzgados para perseguir y sancionar a personas aún más importantes.

Con Información de infobae.com/america/mexico/

 

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